Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación: “Pensar como país, exige ciencia y exige comunicación”
18/12/2025. Para profundizar en el alcance y la trayectoria, Juventud Técnica conversó con el recién nombrado viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Dr. C. Daimar Cánovas González, quien fuera también uno de los miembros del Grupo Temporal de Trabajo que participó en su elaboración y redacción.
El proceso de gestación de la ley fue notable por su carácter participativo y constructivo. A lo largo de numerosas consultas, reuniones de trabajo y debates con expertos de diversas formaciones y territorios, el documento inicial se enriqueció significativamente.
En esta entrevista, Daimar Cánovas detalla los tres cambios más radicales que introduce la legislación, valora el intenso proceso de consulta pública y explica la hoja de ruta que seguirá luego de su aprobación, lo cual debe abrir un nuevo camino para el desarrollo de la ciencia cubana.
—¿Cuál es la principal razón por la que esta nueva ley es urgente y necesaria hoy, y qué visión de futuro busca consagrar?
—Creo que la compleja situación que enfrenta hoy el país en diferentes órdenes es la principal razón que justifica la necesidad urgente de la Ley. Se precisa que la ciencia, la tecnología y la innovación sean un factor impulsor de nuestro desarrollo y que sean los resultados de la ciencia cubana los que nos permitan salir de las dificultades presentes. Ello es, al mismo tiempo, la visión que la Ley se plantea como horizonte, que el futuro del país sea un futuro de “hombres de ciencia, de hombres de pensamiento”, porque solo así puede pensarse en la sociedad próspera y sostenible a la que aspiramos en un país con escasos recursos naturales como Cuba.
—¿Podría identificar los tres cambios de principio más radicales que introduce este proyecto?
—Entre los cambios que cabría calificar como radicales -o disruptivos- de la Ley quisiera referirme a la regulación por primera vez del derecho de acceso al conocimiento como derecho de las personas, que constituye el desarrollo necesario del artículo 32 de la Constitución de la República, el cual hasta el momento no se había consagrado en la legislación ordinaria, y que implica el reconocimiento de facultades como la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación en condiciones que garanticen la objetividad de los juicios y permitan corroborar sus resultados, participación y colaboración en el plano nacional e internacional, establecimiento de los fines, objetivos, enfoques teóricos, métodos y técnicas de la investigación, entre otras.
“Otro aspecto es la ampliación de los actores del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) a todos los sujetos que hoy participan de nuestra economía, sin que reduzcan a las universidades y entidades de CTI. Se incluye aquí el sistema empresarial, estatal o privado, las Cooperativas de Producción Agropecuaria, Cooperativas de Créditos y Servicios, Cooperativas No Agropecuarias, Trabajadores por cuenta propia e incluso los Proyectos de Desarrollo Local, de trascendental papel en los municipios.
“Un salto a destacar es también la regulación por vez primera de una Estrategia Nacional de CTI como instrumento rector de planificación de dichas actividades a mediano y largo plazos, por un periodo de entre 5 y 10 años, y que incluya los objetivos generales de la ciencia cubana y sus indicadores, con metas cuantificables, las prioridades nacionales en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, ejes y programas prioritarios, financiamiento, mecanismos de articulación y coordinación con las estrategias sectoriales y territoriales, así como el imprescindible sistema de seguimiento y evaluación.
—¿Qué opinión le concede al proceso de consultas, reuniones de trabajo y debates que se han realizado hasta el momento sobre el documento? ¿A su consideración cuáles han sido los temas más discutidos?
—El proceso de consultas fue muy amplio, y ello no por razones fortuitas, sino por expreso deseo de la dirección del país y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, quien aun cuando no existía un anteproyecto de la Ley, ni siquiera borrador alguno del documento, inició un proceso de construcción colectiva en búsqueda de las líneas fundamentales que debía recoger este texto. Después el análisis del anteproyecto desde distintas perspectivas, formaciones y territorios ha permitido enriquecerlo de forma significativa, de ahí que hoy pueda afirmarse que el documento llevado a la aprobación de los diputados es sensiblemente superior a las primeras versiones.
“Entre los temas más discutidos está la reformulación e inclusión de nuevos principios del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación como los de gobernanza, sostenibilidad, transformación digital, la ampliación de los principios éticos aplicables hasta los de bienestar animal, el tratamiento diferenciado para ciencias básicas, sociales y humanidades, la inclusión de otros órganos asesores y consultivos, una nueva sección de educación científica y tecnológica y comunicación, el reconocimiento a las fundaciones como estructuras dinamizadoras, así como la regulación de la condición de personalidad relevante de las ciencias”.
— ¿Cómo se gestionaron las opiniones que cuestionaban aspectos estructurales o de fondo del proyecto?
—No fue excluida ninguna de las opiniones vertidas en el proceso, incluso aquellas que podrían considerarse más radicales, como las que pedían retrasar todo el proceso, buscando mayor tiempo para los debates a profundidad, o las que cuestionaron en su momento el lugar reservado a la empresa en las diferentes versiones del proyecto, pues no consideraban que era la disposición propia para la regulación de este tipo de sujetos.
“El objetivo fue siempre esclarecer las intenciones del proyecto y exponer los motivos de la propuesta con claridad, generando la confianza necesaria. Se trata de una medida legislativa de singular importancia que introduce en el marco legal e institucional nacional soluciones para impulsar el desarrollo del país, promoviendo al mismo tiempo un mayor reconocimiento social al aporte del sector de la ciencia y la tecnología, y ello no puede esperar a mañana.
“De otro lado, si se parte de que el financiamiento a la ciencia ha sido hasta ahora fundamentalmente presupuestado, es lógico que el énfasis se ponga en los actores empresariales, que deben aumentar la proporción de sus aportes en el financiamiento, dando prioridad en sus estrategias de desarrollo a soluciones innovadoras”.
— Una vez aprobado el proyecto de ley, ¿cuál será la hoja de ruta prioritaria para su reglamentación y puesta en marcha?
—Se prevé que la Asamblea Nacional del Poder Popular apruebe la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación en esta sesión pero ya están elaboradas las propuestas de normas complementarias que deben acompañar su promulgación. Se trata de una disposición con rango de Decreto Ley, sobre la Academia de Ciencias de Cuba, y dos normas con rango de Decreto, uno el reglamento propiamente dicho de la Ley, y en el otro caso, las normas generales para las innovaciones y racionalizaciones, que luego deben completar todo el sistema de trabajo de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores.
“No quiere decir que sean estas las únicas normas complementarias, pues se mantienen vigentes un grupo de ellas, que habían sido actualizadas muy recientemente, como las normas relativas a las Empresas de Alta Tecnología, y el Reglamento del Sistema de Programas y Proyectos”.
—¿Qué puntos de tensión considera que requerirán de un diálogo continuo durante esta siguiente etapa? ¿Por qué?
—En primer lugar, el proceso de diálogo que se ha abierto continuará, en tanto estas normas complementarias hoy están siendo circuladas para recibir los criterios de los órganos y organismos de la Administración Central del Estado. Muchas de las pautas trazadas en la Ley General tienen que concretarse en el reglamento, pues de lo contrario sus preceptos podrían convertirse en letra muerta, y ese es el peor de los accidentes que puede ocurrir en un proceso legislativo como el que enfrentamos. Por tanto, el compromiso es hacer realidad aquello que, una vez convertido en Ley, se transforma en voluntad de todo el pueblo.
—¿Qué lecciones ha dejado este proceso de consulta?
—Veo, a primera vista, dos. Por una parte, el proceso de consulta es solo una manifestación de escucha permanente, que la Ley ha pretendido institucionalizar en su integralidad, al regular los órganos consultivos y asesores. La consulta al conocimiento experto es una necesidad permanente, y de ello se ha nutrido la labor legislativa, y aspira a seguirse nutriendo la gestión del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. De hecho, esa consulta al conocimiento experto es una dimensión necesaria del Sistema de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación, que a su vez constituye uno de los pilares de la gestión de gobierno. Toma de decisiones y resultados científicos tienen que emprender un camino bidireccional, para no perder los fundamentos profundos de los actos de la Administración, ni la orientación de la investigación a la satisfacción de las necesidades de la sociedad.
“Por otra parte, no hay diálogo sin comunicación, y este periodo nos ha enseñado, como ningún otro, la importancia de la comunicación social en cualquier proceso de construcción colectiva. Sin las herramientas de comunicación, y hoy sin el uso de las técnicas de la información, estaríamos en un auténtico diálogo de sordos, cada uno dentro de su propia zona de confort, anclado a sus propias perspectivas e intereses. Pensar como país, exige ciencia y exige comunicación”.
Tomado de Juventud Técnica